Texto y entrevista: Eduardo Varas C.
Ya son más de dos años en los que no hay manera de acercarse a los fondos y a la reserva patrimonial que se encuentra en el edificio Aranjuez, en Reina Victoria y Jorge Washington, en Quito. Y no, no tiene que ver necesariamente con la pandemia. En el centro: discrepancias. Distintas administraciones del Ministerio de Cultura le dan una lectura diferente a informes técnicos que hablaban de que el edificio estaba en riesgo. Además de que no podría resistir un temblor de gran magnitud y que debía ser desocupado.
Durante el gobierno de Lenín Moreno, varios ministros de Cultura, empezando por Juan Fernando Velasco, decidieron hacer caso al informe de la Escuela Politécnica Nacional de 2017 y a la consulta que le hicieron al Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, en octubre de 2019. Por eso decidieron cerrar el acceso al edificio y buscar un espacio para trasladar todo. En su momento se llegó a hablar de que todo se traslade a la exsede de la Unasur, inclusive.
El edificio Aranjuez era un peligro, entonces.
Desde los primeros momentos de esta polémica, una Coalición por el Patrimonio —formada por historiadores, académicos, bibliotecarios, gestores, investigadores y otros— ha hecho público su malestar. Tanto por la demora como por las decisiones que se estaban tomando. Algo que se repitió hace poco, a mediados de febrero, cuando volvieron a reclamar a través de una carta abierta por el destino de estos bienes. Ya que no se sabía nada.
Para el subsecretario de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Alfonso Espinosa Andrade, “la Coalición tiene mucha razón en estar preocupada”. Él se refiere al tiempo que ha estado cerrado al público el fondo y a la imposibilidad de recurrir a todo lo que tiene. Eso como una dificultad que ha repercutido en investigaciones que no se han podido hacer, ya que no todo se ha digitalizado.
Más allá de esa comprensión, Espinosa ofrece una respuesta. Una que parte de la siguiente premisa: el edificio Aranjuez no corre el riesgo que se pensaba.
Cuando se produjo el cambio de gobierno, las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura revisaron los informes. Terminaron por considerar que las normas de construcción aplicadas, que datan de 2015, son demasiado duras para analizar edificios de décadas anteriores, como el Aranjuez.
Explica Espinosa: “Tuvimos nuestras dudas. De nuestras primeras gestiones, entre mayo y junio de 2021, al empezar, fue pedir el apoyo de una empresa privada que, sin cobrarnos un centavo, nos ayudó a hacer una prospección técnica. No fue un estudio detallado a fondo, pero sí una prospección técnica, minuciosa, con recorrido de varios días por el edificio. Y nos dijeron que el sismo que tendría que darse para que colapsara el Aranjuez debería ser mucho más intenso que cualquiera de los que ha tenido Quito en los últimos 50 años. No es que no esté en el escenario de lo posible, pero digamos que no es tan probable”.
Esta prospección también les dijo que no existían señales de hundimiento ni de afectaciones al edificio.
Y que, si se quería seguir manteniendo bajo los mismos criterios, debían hacerse labores de reforzamiento de la estructura. El Aranjuez que no es un edificio creado para resistir toda la reserva.
Esto generó cambios: “¿Qué se ha hecho? Liberar todas las plantas que tenían oficinas administrativas, las 10, 9, 8 y 7. En la 6 tenemos apenas una oficina con una de las curadoras y algo de documentación. Y las plantas que están ocupadas con las reservas son la 3, 4 y 5. El piso 2 está prácticamente vacío. Y tenemos los fondos documentales en el subsuelo, la planta baja y el mezzanine del edificio”.
La idea es sacar las reservas del Museo Nacional –arte colonial, arte contemporáneo y moderno, y la arqueológica– del Aranjuez y llevarla a otro espacio que ya está seleccionado.
Todo se llevará a un edificio en el que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tenía oficinas y servicios y que se lo ha pasado en comodato al Ministerio. El edificio, de cinco plantas, tiene ya refuerzos estructurales y se realizará uno adicional y está localizado en la calle Jerónimo Carrión, por la Cancillería.
Sobre el traslado de los bienes, Espinosa cree que “debería realizarse entre abril y mayo. Hay una parte de arqueología que va a tomar más tiempo porque tiene sus especificidades que hay que trabajarlas con toda la calma. La mayor liberación del edificio se dará entonces”. De esta forma, los fondos documentales, “que presentan mayor carga de peso para las losas, como nos explicaron los ingenieros” se quedarán en las plantas inferiores, explica el Subsecretario.
Una vez que se libere el edificio Aranjuez desde el segundo piso hacia arriba, se podría retomar la atención al público.
Pero esto va a depender de algo más: la luz verde que dé el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos a todos los cambios. “Ese es un diálogo encaminado y ellos serán rigurosos y nos dirán lo que nos deban decir y nosotros lo acataremos”, aseguró Espinosa.
El presupuesto de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit
La Coalición también se solidarizó con la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit por un tema presupuestario. Este espacio, pese a ser privado, recibe dinero por parte del Estado desde la creación de una ley en 1995, que le permite acceder a 1500 salarios mínimo vitales al año.
Esta Biblioteca recibió en 2020 un desembolso de 600 mil dólares. En 2021, este monto se redujo a casi 195 mil dólares.
Y las críticas vinieron de diversos espacios y aparecieron en artículos de opinión de algunos y algunas intelectuales. “Me encantaría tener los recursos para apoyar la gestión cultural que tanta necesidad tiene en todo el país”, dice Espinosa Andrade. Pero asegura que eso no es posible en este momento.
El Subsecretario continúa: “queremos hacer un cumplimiento lo más pegado a la ley, algo en lo que tenemos que ser extremadamente rigurosos”. Por eso habla de una gran diferencia entre dos términos que para él se pueden considerar iguales, pero que no lo son. Se refiere a “salario mínimo vital” y a “salario básico unificado”.
Espinosa dice que la dolarización terminó por disolver la asignación. “El Código Orgánico Financiero, que creo que es del 2003, define que, para cualquier finalidad de cálculo, sea multa a cobrar o asignación, el salario mínimo vital tiene un valor de 4 dólares”. La operación matemática, dispuesta desde esta perspectiva, sería de 1500 por 4, lo que da por resultado $6000.
Para la autoridad actual, se ha cometido un error al multiplicar 1500 por el valor del salario básico unificado. Lo que ellos aseguran haber hecho es actualizar el monto, tomando en cuenta la inflación que se ha ido dando en estos años. Lo que en el año 2000 era igual a $6000, en 2022 sería $40 000. La Subsecretaría de Memoria Social toma a estos $40 mil como el mínimo de lo que pueden entregar a la Biblioteca, haciendo caso a una consulta hecha a la Procuraduría, en 2006.
Por eso, decidieron analizar cada uno de los rubros que la Biblioteca les envío en su presupuesto, el año pasado: “En el plan de trabajo incluyeron una serie de rubros los cuales yo no les quito validez en cuanto a su proyecto, pero que no tienen nada que ver con lo que está contemplado en la Ley. La Ley se refiere al valor del fondo y al archivo bibliográfico, que rescata y pone en valor la colección de libros de la Biblioteca Espinosa Pólit, su biblioteca. No menciona la Ley ninguno de los otros, insisto, valiosos y muy encomiables servicios que hace la biblioteca, como tener un museo o una colección de insectos”.
Espinosa se refiere a todo lo que tiene que ver con el trabajo bibliotecológico y archivístico del espacio. “Ese trabajo, en los valores que nos solicitaba la Espinosa Pólit, ascendía a un poco menos de $195 mil, que fue lo que se les entregó”. El presupuesto para 2022 está en revisión por el momento. Fue enviado por un valor mayor al monto que se entregó en 2021, pero enmarcado en las labores que, de acuerdo a la Subsecretaría, son las que se deben financiar.
Espinosa Andrade regresa al momento económicamente complicado que existe, de los presupuestarios desbalanceados que encontraron al llegar y de los huecos que debieron tapr. También se refiere a la necesidad de que se invierta para que la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y el Archivo Histórico Nacional tengan sus propios edificios. “No pierdo la ilusión de que el país haga, en un momento, la inversión que se necesita”, dice. Para concluir, se refiere a una idea que cree que el sector requiere: cambiar perspectivas.
“Estamos en el mismo barco, lo sensato es empezar a trabajar, en espacios públicos y privados, unos modelos de gestión más sostenibles que involucren a la empresa privada”, dice. Y bueno, este parte del proceso es probable que tome demasiado tiempo.
